Archivos Mensuales: agosto 2010

Adriana Vigilanza en Diario La Voz: “Ley de Comunas es un golpe de Estado”

Entrevista realizada a la Doctora Adriana Vigilanza por el Diario La Voz

Gobernaciones y alcaldías desaparecerán si chavismo gana comicios del 26S

“Ley de Comunas es un golpe de Estado”
29/08/2010

http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1050&notid=338742
La abogada tributaria y experta en Descentralización Fiscal, Adriana Vigilanza, asegura que la normativa aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional es inconstitucional, dado que la misma se encontraba en la derrotada propuesta de reforma constitucional que impulsó el presidente Chávez en 2007

Al escuchar la expresión “golpe de Estado” inmediatamente se asocia con pensamientos de violencia y armas. Pero según el constitucionalista español Nicolás Pérez Serrano –uno de los pioneros de esa especialidad-, en su libro “Tratado de derecho político”, dice que constituye golpe de Estado: “…un suceso político que modifica violenta, brusca e ilegalmente el régimen jurídico establecido y cuyo agente no es el pueblo sino la autoridad, depositaria del Poder Público. Pudiera decirse que es una revolución, hecha por los imperantes…” Y éste concepto, para la abogada tributarista Adriana Vigilanza, define lo que ha ocurrió cuando la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley de Comunas. Vigilanza hizo hincapié en que las comunas formaban parte de “la nueva Geometría del Poder”, incluida en la propuesta de Reforma Constitucional, la cual se sometió a elección nacional en diciembre de 2007 y 51,01% de los venezolanos la rechazaron. No obstante, dos años después, diputados de la Asamblea Nacional hicieron caso omiso a la decisión popular y aprobaron, en primera discusión, ese instrumento legal. En aspectos generales, según explicó Vigilanza, el proyecto plantea que las comunas sean pequeñas repúblicas con funciones del Poder Público, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Y que además se incluiría el Poder Popular, el cual transformaría la Carta Magna, ya que “en ningún lugar de la Constitución existe”. “Si le van a dar poder político a otra entidad, estarían transformando el texto legislativo de tal manera que crearían una nueva constitución y esto requeriría una Asamblea Nacional Constituyente”, sentenció la abogada. Asimismo, Vigilanza, quien también es experta en Descentralización Fiscal, reiteró que la creación de comunas “es algo que no tiene ninguna referencia en la Constitución venezolana. Se está destruyendo el Estado de Derecho claramente. La Constitución es un instrumento de reparto político y si piensan cambiarla sin modificar el texto están dando un golpe de Estado”. La experta también asegura que la Ley de Comunas sustituirá a las gobernaciones, alcaldías e incluso a algunos funcionarios públicos que no sean altos jerarcas. De hecho, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha dicho que esas instancias de poder deben “desaparecer”, tal como lo afirmó el diputado a la Asamblea Nacional, Alfredo Murga al diario El Universal el pasado mes de abril. “La realidad indica que las comunas se constituyen en una fórmula de autogobierno, así que no tienen razón de existir gobernaciones y alcaldías. Deben eliminarse, pero una reforma constitucional no procede en este momento, sino en el próximo período constitucional de Gobierno que se inicia en 2012. Los municipios son las células del estado; ahora, las comunas tienden a sustituirlos. Los estados y municipios fueron superados por la realidad, la revolución dejó atrás esas estructuras”, aseguró el diputado Murga. Para la abogada Vigilanza, estas declaraciones son “más que suficientes” para demostrarle a los venezolanos que los diputados del PSUV apoyan esta violación a la ley. Asimismo, aseveró que los legisladores, de ganar la mayoría en la Asamblea Nacional, automáticamente llamarían a una nueva reforma y burlarían la decisión del pueblo, pues “ya una vez le dijimos que no queríamos esa propuesta”.

Más poder para Chávez
La abogada Adriana Vigilanza recordó una declaración de Freddy Bernal, en el año 2007, en la que alegaba que las comunas serían “la democracia participativa de verdad” y que “teníamos que dejar atrás la representativa, que es la actual, donde nos simboliza un alcalde y un gobernador, así como unos diputados en la AN”. “Ahora ellos dicen que el pueblo va hacer todo, va a legislar y a decidir, y eso es un Estado anárquico. En el fondo, cuando desmenuzas todas las leyes, te das cuenta que el poder recae en el Presidente de la República, pues todo lo decidirá él a través de la Comisión Central de Planificación (CCP)”, agregó la experta. Esa instancia, la CCP, decidirá dónde se invertirá el dinero del pueblo y los proyectos que se llevarán a cabo, como lo dice en varios artículos, aseveró Vigilanza. “Están cambiando la manera de distribuir los recursos en el territorio, ya no obedecería a lo que dice la Constitución, sino que todo se regiría por el Consejo Federal de Gobierno, dependiente de la CCP y que finalmente recae en el Presidente”, explicó la abogada Vigilanza

“Si le van a dar poder político a otra entidad, estarían transformando el texto legislativo de tal manera que crearían una nueva constitución y esto requeriría una Asamblea Nacional Constituyente”

Yohana Marra/ ymarra@diariolavoz.net / Twitter: @yohanamarra

Anuncios

Con las Comunas desaparecen los funcionarios públicos y la Participación Ciudadana

CON LAS COMUNAS DESAPARECEN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS   Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Adriana Vigilanza García

Twitter: @adrianavigi

La Constitución de 1999 (“CRBV”) tiene sus normas que garantizan participación ciudadana en el control, supervisión y ejecución de la actividad o función pública (Artículo 62). Pero está muy claro en esta Constitución que existe una función pública, que cuenta con sus órganos propios y que detentan lo que se llama el “Poder Público”. Estos entes que detentan Poder Público son, según el Artículo 136, los Municipios, los Estados  y “Poder Nacional”, el cual, a su vez, se reparte en 5 funciones: Legislativo, Ejecutivo. Judicial, Electoral y Ciudadano.

Además, según ese Artículo 62, la CRBV que dice que “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas…”.  Los causes de participación están claramente señalados, también, y son, según el Artículo 72 de la CRBV, los siguientes: el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, aunque pudieran haber otros.

En el Artículo 173, la CRBV dice que “El Municipio podrá crear parroquias”  y que “…La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales sobre régimen municipal establecerá los supuestos y condiciones para la creación de otras entidades locales dentro del territorio municipal, así como los recursos de que dispondrán, concatenados a las funciones que se les asignen, incluso su participación en los ingresos propios del Municipio. Su creación atenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de proveer a la desconcentración de la administración del Municipio, la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos (…)”.

En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Comunas, se dice que se trata de “una nueva instancia de gobierno territorial”, sin que exista este ente territorial de Gobierno (“poder Público”) en la Constitución. Y que esa nueva entidad puede traspasar los límites de los Municipios, violando el Artículo 173 de la CRBV y hasta de los Estados (Artículo 9 del Proyecto). Además, se da al traste con todo vestigio de auténtica participación ciudadana libre porque, para empezar, la Comuna está ligada indisolublemente a la construcción de la sociedad “socialista”. De manera que quienes no crean en esa ideología política, no pueden entrar a participar.

Por otro lado, esa ley desdibuja el reparto del Poder Público porque coloca a todo el pueblo (no sólo a quienes adquieren carácter de “funcionario público”, por medio de un empleo y un juramento, que los hace sujetos de responsabilidades especiales), como ejecutor de actividades que para la Constitución, están limitadas a entes que detenten Poder Público. Las Comunas tendrán, según ese Proyecto de Ley, función legislativa, ejecutiva, judicial y electoral.  .

De manera que la libre participación ciudadana en la gestión pública deja de ser tal para convertirse en obligada ejecución del gobierno.  Desde el chavismo se vende esto como positivo, bajo los slogan “todo el poder para el pueblo” o “el pueblo en funciones de gobierno” o el “auto gobierno”. Pero no se hace ver que si eso es así, entonces los funcionarios públicos deben desaparecer, pues la “función pública” la debemos asumir todos. Y quienes estén dedicados a actividades privadas, también terminarán teniendo que abandonarlas, no sólo porque la Comuna tiene como uno de sus fines principales “…la construcción de un sistema de producción, distribución y consumo de propiedad social…”, sino porque dedicarse a trabajar para lo público con algún sentido de responsabilidad es trabajo que requiere casi tiempo completo. Ya esto no es “participar”, esto es ser el responsable mismo de la gestión pública.

Para que un sistema donde todos somos responsables del trabajo y sin remuneración preestablecida, surta efectos prácticos beneficiosos, se requeriría que todos los ciudadanos tuviéramos un extraordinario nivel de formación académica y ciudadana, lo cual en Venezuela está probadísimo que no es ni remotamente el caso. Por lo tanto, un sistema “comunal” -que no es lo mismo que “comunitario- está destinado a hacer colapsar la vida en sociedad. Sin hablar de que este sistema diluye toda responsabilidad, para cuando los servicios colapsen.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es necesaria. Pero no en sustitución de esa función pública. Por lo demás, la futura –ya prometida por candidatos del PSUV como algo de corto plazo- eliminación de Alcaldías y Gobernaciones, lo que en verdad persigue es quitar del medio a posibles contrincantes políticos, que con sus respectivos gobiernos puedan demostrar mejores resultados y sean capaces de estimular al electorado a escoger una nueva opción.

El tan cacareado desde el chavismo “Poder Popular” (concebido como trabajo gratuito en funciones del Estado y no para dar protagonismo a nadie más que el supremo y perpetuo  amo),  es mencionado 81 veces en la Constitución cubana y ninguna en la venezolana. Por esto, este sistema o “proceso”,  no es ni Bolivariano ni Republicano sino Castro-Comunista. Para terminar de armarlo, falta diluir el voto directo, universal y secreto y mediatizarlo, para que sea ejercido sólo desde los Consejos Comunales, que a su vez no nacerán sino quedan inscritos en el PSUV, como ya algunos denuncian que ocurre. El Registro ante el MinPoPu de las Comunas ya es requisito para que adquieran personalidad jurídica (Artículo 17 de la Ley de Consejos Comunales). Es el primer paso hacia un sistema de voto indirecto, de segundo y tercer grado, que se perfila mejor en el Proyecto de Ley de las Comunas.

En cuanto a sus recursos, los Consejos Comunales ya dejaron de contar con el 49% de las Asignaciones Especiales y el 50% del FIDES (Ley del FIDES 2006). Serán sólo los que quiera asignarles, discrecionalmente, la Secretaría Técnica del Consejo Federal de Gobierno (artículo 37 del Reglamento de la Ley del Consejo Federal de Gobierno), ente donde los representantes comunales no tiene ninguna participación. Por lo demás, aún no ha salido el Reglamento que determine cómo se eligen los voceros de las comunidades ante el CFG, así que esos voceros ya fueron nombrados por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, sin que la sociedad haya sido informada bajo cuáles criterios ni quienes son.

Y así, el protagonismo del pueblo se convierte en una ilusión. Más bien una carga muy pesada y destinada, únicamente, a la construcción del socialismo (comunismo, como ya Fidel Castro lo reconoció). Pero nunca más pondrá y quitará Presidentes, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, legisladores estadales y Concejales. En sustitución, tendrá que trabajar con sus representantes en Consejos Comunales (electos en la práctica, por miembros del PSUV, exclusivamente). Y a su vez, esos representantes de los CCom. elegirán los integrantes del Parlamento Comunal (Artículo 25.2 del Proyecto de Ley de Comunas). Habrá también Jefes de Distritos Motores de Desarrollo, electos por el Presidente y ejecutores, tan sólo, de los lineamientos de la Comisión Central de Planificación, que preside el Presidente.

Entonces, del “Estado Federal Descentralizado” que ordena el Artículo 4 de la Constitución, habremos pasado al “Estado Comunal”, que no existe en ella.

Es obligación de todos luchar por el reestablecimiento de la Constitución (Artículo 333) y aunque quienes hoy detentan Poder Público la desconocen, con el voto el 26 de septiembre tal vez podamos recordarles cuál es su contenido. Si no mostramos ser mayoría quienes rechazamos el Castro Comunismo, puede que sea la última vez que votemos de forma directa, secreta y universal.

Ponencia: Del Estado “Federal Descentralizado”, al Estado “Centralizado y Comunal” Comunista

A continuación me gustaría compartir con todos ustedes, la Ponencia que tuve la oportunidad de presentar en el acto realizado el pasado 4 de agosto de 2010, y que agrupó a una serie de representantes de distintas organizaciones venezolanas que le dijeron No a la Cubanización y que culminó  con el  MANIFIESTO DE RECHAZO NACIONAL A LA ENTREGA DE LA PATRIA AL CASTROCOMUNISMO.  Este acto y la labor de parlamentarismo de calle fue reseñada en la siguiente página web: http://aperturaven.blogspot.com/2010/08/ciudadanos-se-pronunciaron-sobre-la-ley.html.

Del Estado “Federal Descentralizado”, al Estado “Centralizado y Comunal” Comunista 

(La trampa  legal con la cual se pretende instaurar  el  castro comunismo en Venezuela)

 Adriana Vigilanza García

Agosto, 2010

En Venezuela se ha alterado gravemente el orden constitucional[1]. Esta afirmación la basamos en un análisis comparativo que hemos hecho entre la propuesta de Reforma Constitucional que el pueblo venezolano rechazó el 02-12-2007, contrastada con aproximadamente 12 instrumentos legales (leyes, Decretos Leyes y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia), casi todos producidos a partir del año 2006[2]. De ese análisis concluimos que los contenidos más emblemáticos de la rechazada propuesta de reforma constitucional, ya son ley. Pero si era necesario proceder a “Reformar” la Constitución para darle paso a esos contenidos, es porque, evidentemente, ellos no eran posibles de acuerdo con el texto constitucional vigente. De allí que todos los instrumentos que recogen contenidos de la propuesta de reforma, son INCONSTITUCIONALES, pues la Constitución de 1999 NO HA SIDO REFORMADA.

La RBV tiene por Constitución forma de Estado “federal descentralizado” (Artículo 4). Un Estado federal es, antes que nada, plural y política, financiera y jurídicamente, descentralizado. Cuenta, además, con únicamente tres esferas territoriales de ejercicio del poder público (Artículo 136)[3], con autoridades, competencias y recursos, propios, asignados en la Constitución: el nivel “nacional”; el estadal y el municipal. No hay otros.

Pero, poquito a poco, mediante esas leyes y sentencias que abarcamos en nuestro análisis, se ha venido cambiando esa forma de Estado y conformando aquello que en la propuesta de “Reforma” constitucional se llamó “la nueva geometría del poder”, siendo  la Ley de las Comunas, cuyo proyecto ya fue aprobado en Primera, la consumación de la total transformación de la forma Constitucional de Estado. Recordemos que fue en la propuesta de reforma constitucional cuando aparecieron las “comunas”, que no encajan dentro de distribución del Poder Público. El proyecto de ley de comunas plantea que ellas sean pequeñas Repúblicas, con funciones del poder público ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Esto explica el slogan “el pueblo en funciones de gobierno”, funciones que, por lo demás,  el pueblo hará gratis, porque el trabajo comunitario no es remunerado. ¿A dónde irán a parar los empleados públicos que hacían esas funciones? La respuesta es obvia: a los Consejos Comunales y comunas, a trabajar gratis, porque serán “hombres y mujeres nuevos”, otro eslogan oficialista y Castro-comunista por excelencia. Se quiere que las Comunas sustituyan  tanto a las Gobernaciones y las Alcaldías[4], como incluso a otros funcionarios públicos, siempre que no sean altos jerarcas. Pero para completar el proyecto Castro Comunista en marcha es necesario, también, que nos quiten el derecho a que podamos prescindir de esos jerarcas, cuando ellos sean ineficientes o corruptos, eliminándonos el voto universal y directo. Por eso, la propuesta de Reforma Constitucional de 2007 tenía un Artículo que leía:

“Artículo 136: (…) El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna (…) El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales (…) y otros entes que señale la ley”. Resaltado nuestro

Ese artículo es una copia mala de un artículo muy parecido de la Constitución Cubana de 1994, según el cual:

“Artículo 3: En la República de Cuba la soberanía residen en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular“. Resaltado nuestro

Llama la atención que la expresión “Poder Popular” es utilizada 81 veces en la Constitución de Cuba y ninguna en la Constitución venezolana.  Pero si se aprueba un llamado “Poder Popular, que no nace del sufragio ni de elección alguna” y que votemos “a través de ese Poder Popular”, ya el pueblo no podrá decidir quien se queda gobernando y quien se va.  Eso está planteado entre el Proyecto de Ley de las Comunas y la Ley de los Consejos Comunales. Recordemos que la constitución de los Consejos Comunales depende del Ministerio con competencia en participación ciudadana (¡vaya ironía!), el cual depende directamente del Presidente de la República.

Para hacer la dependencia aún mayor, la reciente reforma a la Ley de Asignaciones Económicas Especiales y la Ley de Liquidación del FIDES (29-07-2010), claramente dicen que todos los recursos que correspondan a los entes territoriales, incluyendo consejos comunales y comunas, los repartirá,  “a su leal saber y entender”,  la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, ente que también depende, en última instancia, del Presidente[5]. De esta forma, el flamante “Poder Popular” queda absolutamente sometido a quien ejerce la Presidencia de la República.

Como hemos dicho, la idea es que decidir si ese Presidente sigue o se va, tampoco nos corresponderá a todos los ciudadanos. Las Bases Programáticas y la Declaración de Principios del PSUV, publicados en varias páginas de Internet, nos aclaran que nos encontramos en un período de transición durante el cual hay que usar las formas de lucha y organización democráticas, electorales, pacíficas y constitucionales, pero alegan que estas formas de lucha tienen un carácter burgués y por eso es necesario trascenderlas[6].  Ese “período de transición por cierto también se encuentra en la Constitución Cuaba (que no es la de Venezuela), según la cual:

“Artículo 5o.- El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”. Resaltados nuestros.

Por eso, detrás de la linda y seductora expresión “Poder Popular”, se esconde el verdadero proyecto político, de carácter centralista, totalitario, Castro-comunista y por sobre todo, inconstitucional, que está probado lleva a la miseria más grande, física, moral y espiritual del hombre. Ese proyecto está totalmente apartado del auténtico poder popular, que es nuestro voto,  ya expresado en 1999 y el 2D de 2007. Y  nada que ver ni con la forma de Estado federal descentralizada, ni con nuestra tradición Bolivariana y Republicana.

La Venezuela institucional y democrática clama por paz. Y como dijo FERNANDO SAVATER,  “(…) La educación para la paz no consiste ante todo en deslegitimar la violencia, sino en legitimar el Estado de Derecho en que vivimos, sus instituciones y su Constitución (…). Lo demás son cuentos, y con cuentos no se consigue alcanzar la paz sino sólo disimular y prolongar la vieja tragedia que vivimos (…)”. Resaltados nuestros.

Nuestra invitación final es a ejercer el auténtico Poder Popular, votando el 26 de septiembre por la opción que representa nuestro más profundo rechazo al Castro Comunismo y al desorden institucional que impera hoy en Venezuela.


[1] Develar el abierto desconocimiento que se está haciendo de la Constitución de la RBV es nuestro deber, porque así nos lo impone el Artículo 333 de esa Constitución, que dice: “Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Resaltados nuestros.

[2] Reformas (varias) a la Ley del Fondo de Inversión para la Estabilidad Macroeconómica. Reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2006). Ley de los Consejos Comunales ( 2006). Decreto de creación de FONDEN ( 2006). Reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela (2006). Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación (207), Decreto Ley para la Ordenación y Gestión del Territorio. Sentencia de la Sala Constitucional del 25-04-2008. Reforma de la Ley de Descentralización de 2009.  Ley del Consejo Federal de Gobierno ( 2010). Ley de Reforma de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (2010). Ley que Liquida el FIDES (2010)m entre otros..

[3] “Artículo 136: El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional”.  Resaltados nuestros La propuesta de reforma Constitucional cambiaba ese Artículo, para que se leyera como sigue:

“Artículo 136: El Poder Público se distribuye territorialmente en la siguiente forma: el poder popular, el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional”. Resaltados nuestros.

[4] Declaraciones del Diputado oficialista, Carlos Escarrá Malavé, recogidas en el Diario “El Universal”, el 26-10-2006: ” (…) Cuando los consejos comunales tengan la fortaleza que deben tener y, a su vez, se madure desde el punto de vista de las asambleas de ciudadanos, ciertamente ya no tendrán razón de existir los municipios”.

Declaraciones del Diputado oficialista Darío Vivas, a la Agencia Bolivariana de Noticias. Febrero, el 16-02-2007: “(…) La Nueva geometría del Poder establece esa nueva división político territorial que incluye ciudades federales, comunales y espacios territoriales alejados de los centros poblados (…) para darle paso a esta nueva estructura territorial es de vital importancia la modificación de la Carta magna (…)”. Declaraciones

[5] Si antes esas leyes tenían porcentajes y criterios claros de reparto de recursos, ahora ni los Consejos Comunales tienen garantía legal de acceso a un porcentaje fijo de recursos

[6] Se añade que la Revolución Bolivariana no es una revolución desarmada y se plantea su defensa mediante la participación de todo el pueblo “(…) hasta la derrota definitiva de “nuestros enemigos de clase (…)”