Acciones y Recursos Electorales

Carta abierta al Excelentísimo Embajador

de la República de Colombia ante los EEUU

Adriana Vigilanza – @Adrianavigi

Carta Embajadores

Sentencia del TSJ en el Exilio sobre Nulidad del Proceso Electoral en Venezuela 2018. Sala Electoral. Magistrado Ponente: Domingo Javier Salgado Rodríguez. Denunciante: Adriana Vigilanza García

Sentencia TSJ Legítimo sobre Sistema Electoral (SE-2018-001) (1

 

Informes Juicio Contencioso Electoral en el Exilio  2018

Informes Juicio Contencioso Electoral en Exilio 2018 2 (Autoguardado)


Cartel de Notificación expedido a la Abogada Adriana Vigilanza por el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en el Exilio, ante Demanda de Nulidad de Procesos Electorales en Venezuela

 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN (Sala Electoral TSJ) Corregido

Recurso Contencioso Electoral presentado el pasado 23 de febrero de 2018 ante el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en el Exilio

https://drive.google.com/file/d/1fMRBDXJDswjWWVaWRaCXRkq5cy4MMxLO/view

PETITORIO

Siendo como ha sido ampliamente expuesto en las secciones que anteceden el cúmulo inmenso de irregularidades y violaciones constitucionales presentes en el sistema electoral que rige las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, solicitamos:

  1.  Que se declare a todo el sistema electoral empleado en la República Bolivariana de Venezuela, especialmente en todo cuanto signifique el empleo del voto electrónico y la imposibilidad real de un Registro Electoral auditado, VIOLATORIO DEL DERECHO HUMANO A VOTAR EN ELECCIONES AUTENTICAS.
  2. Solicitamos que se establezcan las responsabilidades del caso, para los Rectores del Consejo Nacional Electoral, por usurpación de funciones y fraude, violencia y cohecho sobre los electores y en la conformación del Registro Electoral (artículo 215.2 de la LOPRE) y se oficie al Ministerio Público para que inicie averiguaciones respecto de ellos y de cualquier otro funcionario o individuo que haya participado en las conductas delictivas aquí denunciadas.
  3. Juramos la Urgencia del Caso. No pueden ser celebradas ningunas elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, hasta que no se cuente con un árbitro (el Consejo Nacional Electoral) y un sistema de votación y escrutinio que permita tenerlas como “elecciones auténticas”, conforme a la Constitución de la RBV y los Tratados de Derechos Humanos por ella reconocidos.

 

      ADRIANA VIGILANZA GARCÍA

      C.I. V-6554297

      I.P.S.A No. 23.901

 

Anexos al Recurso Contencioso Electoral presentado el pasado 23 de febrero de 2018 ante el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en el Exilio

Anexos al Recurso1

 

“Recurso de Amparo contra Convocatoria de Elecciones de Gobernadores de Venezuela, 2017, conjuntamente con Acción de Nulidad contra la Asamblea Nacional Constituyente“.  Presentado el 13 de octubre de 2017, en la sede de la de la Organización de Estados Americanos, en Washington D.C. EEUU.

 

CIUDADANOS

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CONSTITUIDOS EN  SALA ESPECIAL

CON SEDE AD HOC EN  LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

 

Nosotros, BLANCA ROSA MARMOL DE LEON,  ALFREDO CORONIL HARTMANN,            ADRIANA VIGILANZA GARCIA, ANA MERCEDES DIAZ, CARMEN CECILIA PEREZ, CARLOS GUIA, abogados, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números V-3.251.313, V-2.141.051, V-6.554.297, V-5.564.445 y V-3.972.782, respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 5.381, 23.350, 23.901, 29.431 y 16.750, respectivamente, actuando en nombre propio y como órganos del sistema de justicia, por habernos sido conferido el Título de Abogado de la República de Venezuela, conforme al Artículo 253 de la Constitución, y además, asistiendo a los ciudadanos ANIBAL JOSE CEDEÑO, Cédula de Identidad No. V-7.874.819; AURA ACEVEDO, Cédula de Identidad No  V-4.630.647; CARLOS OLARTE, Cédula de Identidad No. V-5.608.030; DIEGO ARRIA, Cédula de Identidad No  V-1.714.176; ELISEO FERMIN, Cédula de Identidad No. V-5.036.226; FREDDY SOLORZANO, Cédula de Identidad No  V-8.622.903; GUILLERMO PRIETO Cédula de Identidad No. V-12.490.306; HILDA M. ALCALÁ, Cédula de Identidad No V- 3.475.074; JEAN PIERRE CHOVET VOZA, Cédula de Identidad No. 4.278.424; JENNY LIZBELLA AVILA GONZALEZ, Cédula de Identidad No. V-13.830.977;  LUIS MANUEL AGUANA, Cédula de Identidad No V– 3.663.266; MERCEDES BELLO, V-5.962.643; NOEL PEREIRA, Cédula de Identidad No.  V-10.935.277;  PABLO MEDINA, Cédula de Identidad No. V- 3.535.200;  PEDRO FREITEZ, Cédula de Identidad No. V-4.626.087 y YOLANDA MEDINA, Cédula de Identidad No. V-2.592.794; tanto los primeros como los segundos, actuando todos con interés directo en esta causa, dado que somos electores inscritos en el Registro Electoral de Venezuela y adicionalmente, algunos votantes en la consulta popular llevada a cabo el día 16 de julio de 2017, que estuvo enmarcada dentro de lo establecido en los Artículos 5, 62 y 70 de la Constitución vigente, reconociendo mediante esta acción la legitimidad de esa Sala Especial constituida en la Organización de Estados Americanos, ocurrimos ante ustedes a fin de interponer, con base a los artículos 1, 3 y 5  de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, RECURSO DE AMPARO, contra las actuaciones de hecho referidas a la convocatoria a elecciones de Gobernadores por parte de la autoproclamada  “Asamblea Nacional Constituyente”, integrada por ciudadanos que con la aviesa intención de desconocer la separación de Poderes han decidido consumar un Golpe de Estado contra la República, intentando eliminar la forma Republicana del Estado venezolano y las elecciones auténticas, así como también solicitamos la NULIDAD de las actuaciones contrarias a la Constitución a las que haremos referencia en este escrito.

 

I

ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN  

 LA COMPETENCIA DE ESA SALA ESPECIAL DEL

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA  DE VENEZUELA

En el año 2016, la oposición venezolana había liderado una convocatoria a Referendo Revocatorio del mandato de NICOLÁS MADURO, proceso que autoriza el Artículo 72 de la Constitución. Pero bajo la excusa de decisiones de cinco Tribunales Regionales (de los Estados Aragua, Carabobo, Monagas, Apure y Bolívar), con competencia en materia penal y no electoral, el Consejo Nacional Electoral (en lo sucesivo también “CVNE”), el 20 de octubre de 2016, decidió suspender ese proceso, penalizando así a todos los venezolanos convocantes y no solamente a los que supuestamente habían falsificado algunas firmas, de acuerdo con esos Jueces penales, quienes además tomaron la decisión sin dar derecho a la defensa a los imputados, ​ desatándose de inmediato, como es lógico, una fuerte crisis política en Venezuela. Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_refer%C3%A9ndum_presidencial_de_Venezuela_de_2016.

 

Ante tal suspensión indefinida del proceso Revocatorio del mandato de NICOLÁS MADURO, los electores protestaron airadamente, asediados como estaban (y lo siguen estando hoy) por la inflación más alta del planeta y niveles galopantes de escasez de alimentos, que los llevaron a perder en promedio 8 kilos de peso, en el año 2016, según un estudio del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) y de tres universidades del país, (Ver: https://www.efe.com/efe/america/cronicas/los-venezolanos-pierden-kilos-y-bajan-de-talla/50000490-3369492), o a morir por falta de insumos médicos, ambas cosas directamente atribuibles a las siniestras políticas “socialistas” de NICOLÁS MADURO, que han desembocado hoy en una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Frente a estas más que justificadas protestas, NICOLÁS MADURO respondió creando, el 1 de noviembre de 2016, un programa de radio que denominó “La hora de la Salsa”, en referencia al popular estilo musical, en Venezuela, en el cual se dedicó a bailar alegremente, junto a la Primera Dama, Cilia Flores. Ver: https://www.telesurtv.net/news/Presidente-Maduro-estrena-programa-radial-La-Hora-de-la-Salsa-20161101-0035.html. Frente a semejante dislate y atendiendo a la gravísima crisis humanitaria creada bajo la dirección del referido mandatario, el 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional electa por el pueblo el 6 de diciembre de 2015, declaró, con 106 votos a favor y dos abstenciones, que Nicolás Maduro había incurrido en una de la causal de “abandono del cargo”, prevista para la configuración de la ausencia absoluta del Presidente de la República, en el Artículo 233 de la Constitución.  Ver: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38564991.  De acuerdo con la Constitución, tal decisión debía llevar a la destitución de NICOLÁS MADURO y a la convocatoria a elecciones, en un plazo de 30 días, pues se había producido justo el día antes de que se iniciara el cuarto año del mandato Presidencial y así lo contempla el segundo párrafo del Artículo 233 de la Constitución.  Sin embargo, al ser consultado sobre si esta norma Constitucional sería aplicada, quien había sido el Presidente de la Asamblea Nacional para el primer período Constitucional, Diputado HENRY RAMOS ALLUP, declaró:

 

“(…) No somos oligofrénicos. Sabemos muy bien que no va a haber elecciones. Aunque sepamos lo que va a pasar, no nos podemos abstener de cumplir nuestros deberes constitucionales (…)”. Ver:  http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38564991. Resaltado nuestro.

 

Más o menos en el mismo tenor ya se había pronunciado antes el Director Ejecutivo de la coalición opositora llamada “Mesa de la Unidad Democrática” o “MUD”, Jesús Torrealba, ante la suspensión abrupta y arbitraria del proceso de Referendo Revocatorio del mandato Presidencial, aduciendo que “(…) el derecho al voto en Venezuela ha sido secuestrado. (…)” Ver: http://www.cnn.com/videos/spanish/2016/10/25/cnnee-panorama-entrevista-chuo-torrealba-dialogo-gobierno-oposicion-venezuela-isla-margarita.cnn.

 

Pero por sentencia el 12 de enero de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia consideró “nulas”, tanto la composición de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, electa el 5 de enero de 2017 y presidida ya para entonces por el Diputado JULIO BORGES, como todas las sesiones posteriores de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la declaratoria del abandono del cargo, atribuible a Nicolás Maduro. Ver: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38592334. Como si esto fuese poco, a finales de marzo de 2017, ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, en complicidad con Nicolás Maduro Moros, quien para entonces era ya Presidente de facto, terminó por emitir dos escandalosas sentencias en las que se atribuyó el ejercicio de todas las funciones de la Asamblea Nacional y anuló la inmunidad parlamentaria.

 

            Ante semejante desconocimiento del cuerpo legislativo venezolano, completo, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, declaró que se había producido una grave ruptura al orden Constitucional.  Ver: http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-vtv-luisa-ortega-diaz-venezuela-ruptura-orden-constitucional/

 

En respuesta, NICOLÁS MADURO decidió dar al traste con todos los poderes constituidos que le habían estado coartando el ejercicio omnímodo del poder y el 01 de mayo de 2017, decidió convocar, por sí solo, a una Asamblea Constituyente, aunque previamente había sido declarado en abandono del cargo por la Asamblea Nacional con competencia para ello. Para colmo, tal como expresamente aparece afirmado en el Decreto No. 2.830, del 01 de mayo de 2017, el único convocante se auto atribuyó la facultad de fijar las Bases Comiciales para la elección de los miembros de esa “Asamblea Constituyente”, sin que esa facultad encuentre sustento en norma Constitucional alguna e irrespetando el principio de la representación proporcional, que es obligatoria de conformidad con el Artículo 63 de la Constitución.

 

Por iniciativa del Diputado DIOSDADO CABELLO y como ya se podía anticipar, la primera acción que tomó la asamblea Nacional Constituyente (también, “ANC”) fue la destitución de la propia Fiscal General de la República. Ver: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40838619., decisión que ese cuerpo inconstitucional y de facto acogió por unanimidad.

Como era de esperarse, esta serie de golpes de Estado fueron rechazados masivamente por la comunidad internacional. Entre los países que rechazaron esa Asamblea Constituyente están Argentina, Costa Rica, Canadá, México, Perú, Panamá, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, España, Brasil, Chile, Unión Europea y Guatemala. De hecho, algunos de esos países también impusieron sanciones a los convocantes a este proceso constituyente, como lo hicieron los EE.UU., Colombia, Canadá, México, Panamá y Perú. Ver: http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/30/reaccion-internacional-asamblea-constituyente-venezuela/.

El 21 de julio de 2017, la mayoría en la Asamblea Nacional decidió entonces ejercer la competencia que tiene atribuida en los Artículos 187.24 y 265  de la Constitución y pasó a designar a 13 nuevos Magistrados titulares y 20 suplentes, por considerar que el nombramiento de algunos de quienes hasta ese día habían estado ejerciendo como Magistrados del Tribunal Supremo, debía ser revocado puesto que había sido ilegítimo, con base a enjundiosos informes que habían sido presentados a ese cuerpo legislativo desde enero de 2016, por juristas de reconocida trayectoria, .sobre las calificaciones profesionales de esos Magistrados y por la manera en que habían sido nombrados, en la cual no se respetó el debido proceso. De hecho,  13 de los Magistrados a ser sustituidos habían sido nombrados por la bancada oficialista de la entonces saliente Asamblea Nacional, presidida por el diputado DIOSDADO CABELLO, en pleno asueto navideño de diciembre de 2016,  en sesiones extraordinarias, algo absolutamente irregular. Aparte, la designación de aquellos Magistrados se produjo sin que se hubiese declarado una falta absoluta o jubilación en los puestos específicos para los que estaban siendo designados.

De manera pues que está claro que los Magistrados que conforman esta Sala Especial en la sede ad hoc de la Organización de Estados Americanos, ante los cuales acudimos, fueron nombrados por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, aún hoy en plenas funciones, cumpliendo con el debido proceso y por ello, tienen toda la legitimidad constitucional que se exige para el desempeño de sus funciones judiciales.

No obstante, NICOLÁS MADURO ordenó entonces capturar, “uno a uno”, a los miembros del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Tres de esos Magistrados fueron detenidos y 30 se fueron a la clandestinidad, para evitar ser apresados por el gobernante de facto. Ver: https://elpais.com/internacional/2017/07/23/america/1500838660_930864.html.

Por ello, aunque pueda ser considerado caso inédito, la constitución de un máximo órgano del Poder Judicial fuera del territorio del país al cual pertenece, se justifica dado los antecedentes que hemos relatado muy brevemente a los fines de no complicar nuestra acción y petitorio y porque a ello conducen los Artículos 333 y 350 de la Carta Magna venezolana, según los cuales:

 

“Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

 

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Resaltado nuestro.

 

“Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticoso menoscabe los derechos humanos”. Resaltado nuestro

 

Por otro lado, por analogía, que es admitida como fuente de Derecho, debe considerarse que esta Sala Especial ante la cual acudimos, fue constituida y juramentada sobre territorio de Venezuela, dado que existe en Derecho Internacional la ficción jurídica según la cual el local donde funcionan las embajadas y consulados de los países, se reputa como territorio del país al cual pertenece. En consecuencia, la sede de la Organización de Estados Americanos debe también tenerse como territorio de Venezuela, habilitada como sede ad hoc, ya que ante ese organismo el Estado venezolano tiene acreditado un Embajador.

II

DE LAS VIOLACIONES A DERECHOS Y GARANTIAS

CONSTITUCIONALES

 

  1. El cambio de la fecha para la realización de elecciones de Gobernadores es una vía de hecho, INCONSTITUCIONAL, que afecta la trasparencia del proceso electoral:

Ciudadanos Magistrados de la Sala Especial del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: El ente que se autoproclamó “Asamblea Constituyente” y cuya primera actuación de facto fue destituir a la Fiscal General de la República, como hemos relatado, fue constituido en contravención a la Constitución de 1999. No solamente porque no se le consultó al pueblo sobre la necesidad o no de convocar esa Asamblea Constituyente, sino porque además, las Bases Comiciales para la elección de sus integrantes fueron engañosa, unilateral y arbitrariamente establecidas por el propio ente convocante,sin contar con facultades constitucionales para ello, mediante el Decreto número 2.878,  publicado en la Gaceta Oficial número 41.156, con fecha del 23 de mayo de 2017. Esas Bases Comiciales, violando además la representación proporcional, que es obligatoria de conformidad con el Artículo 63 de la Constitución de la República, que dispone:

“Artículo 63: El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”

 

Pues bien, ese ente INCONSTITUCIONAL ab initio, ha sido el que decidió modificar la fecha que había sido fijada por el Consejo Nacional Electoral (“CNE”), de suyo también nombrado en contravención a la Constitución (aunque en este recurso no podemos extendernos en consideraciones al respecto. Baste con recordar que en Venezuela, desde que fue sancionada la Constitución de 1999, el CNE JAMAS HA SIDO CONFORMADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ESA CONSTITUCION. Reproducimos aquí los argumentos esbozados al respecto en. http://esdata.info/pdf/201304-Recurso-VMAGS.pdf. Téngase presente que este Recurso que presentamos ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, fue declarado inadmisible y por ello, fue presentado por sus suscriptores en la OEA, donde reposa en el Expediente No.1489-13), para la celebración de las elecciones para elegir a Gobernadores de Estado. En todo caso, dicho CNE había dispuesto ya que tales elecciones, cuya fecha constitucional debió haber sido fijada para diciembre de 2016, serían celebradas en diciembre de 2017. Sin embargo, el día sábado 12 de agosto, la supuesta Asamblea Nacional Constituyente ordenó la realización de esas elecciones para el 15 de octubre de 2017. En efecto, la prensa internacional reseñó:

“(…) La Asamblea Constituyente de Venezuela dio una nueva muestra de su poder absoluto al decretar este sábado un adelanto para las elecciones regionales, que estaban previstas para el 10 de diciembre.

El suprapoder elegido el 30 de julio e instalado hace una semana aprobó por unanimidad que las elecciones a gobernadores se celebren en octubre en lugar del 10 de diciembre, como había anunciado el Consejo Nacional Electoral, que ahora deberá fijar la fecha concreta (…)”.. Ver: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40913451. Resaltados nuestros.

 

Es imposible aceptar que un proceso electoral en la República Bolivariana de Venezuela sea manejado por un ente inexistente en Derecho, como lo es la supuesta “Asamblea Nacional Constituyente”. Eso, aparte de un Golpe de Estado y una usurpación de funciones, constituye una violación a las garantías de imparcialidad, transparencia  y eficiencia electoral, establecida en el Artículo 293  de la Constitución, según el cual:

 

Articulo 293: Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional” Resaltado nuestro.

 

Por esta razón, las venideras elecciones a Gobernadores deberán ser SUSPENDIDAS por esa Sala Especial del Tribunal Supremo de Justicia.

 

  1. De las actuaciones NULAS, por violación de la Constitución y Tratados Internacionales, tanto de la Asamblea Nacional Constituyente, como del Consejo Nacional Electoral:

Solicitamos además que esa Sala Especial del Tribunal Supremo de Justicia  se pronuncie sobre la NULIDAD ABSOLUTA, por usurpación de funciones, incompetencia y prescindencia absoluta del procedimiento legalmente establecido, de las actuaciones de la fraudulenta “Asamblea Nacional Constituyente”, y del Consejo Nacional Electoral, que iremos refiriendo en el cuerpo de este epígrafe, con fundamento en el Artículo 138 de la Constitución vigente, conforme al cual “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos” y Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, numerales 1 y 4.

 

Empezamos por dar por reproducidas aquí todas las razones de Derecho adicionales a las ya esgrimidas, que se exponen en el abundantísimo y profuso estudio doctrinario, compilación de dictámenes efectuada por ALLAN BREWER-CARIAS y CARLOS GARCIA SOTO, en la obra denominada “Estudios sobre la Asamblea Nacional Constituyente y su Inconstitucional Convocatoria”, que puede ser consultada en: http://allanbrewercarias.net/site/wp-content/uploads/2017/08/ESTUDIOS-SOBRE-LA-ASAMBLEA-NACIONAL-CONSTITUYENTE-2017-CON-PORTADA.pdf, donde aproximadamente 35 juristas esbozan razones jurídicas de peso para declarar la nulidad de la Convocatoria a Asamblea Constituyente y de todas y cada una de las actuaciones de los Poderes Constituidos que se sometan a la misma.

 

  1. Las elecciones a celebrarse el 15 de octubre de 2017, para Gobernadores, no son “elecciones auténticas”:

Las elecciones a las que hemos estado haciendo referencia no pueden siquiera ser considerados “elecciones auténticas”, en franca violación a los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela en materia de Derechos Humanos de contenido político, por cuando el elemento coerción ha estado presente desde su convocatoria, pues las amenazas para que los Gobernadores se sometan a los designios de esa llamada Asamblea Nacional Constituyente son férreas y absolutamente creíbles, dados los precedentes de Alcaldes destituidos de sus cargos por el simple hecho de ser de tendencia opositora y como ya se anticipa que será el caso, de acuerdo a lo que exponemos en el sub título que sigue.  Esto conlleva que también los electores estén acudiendo a este proceso electoral bajo lo que en Derecho Penal se conoce como “estado de necesidad”, pues muchos de los electores sin duda conocen lo ineficaz e inconstitucional del acto convocado, como muchos anteriores procesos electorales, convocados bajo la llamada “Revolución Bolivariana”, que fue producto de otra Asamblea Constituyente fraudulenta y convocada también en violación Constitucional (Para estudios audiovisuales sobre la naturaleza subversiva y anti Constitucional de ese proceso de 1999, ver estudios de las abogados MARISOL SARRIA, de manera audiovisual, en: https://www.youtube.com/watch?v=BKyEGyoPzmk  y https://www.youtube.com/watch?v=vkDjfZ-nVTg ).

 

Pero el hecho de que haya quienes acudan al llamado a votar, constreñidos por el temor fundado de que sea un oficialista, causante de sus muchos y gravísimos males, quien quede formalmente electo a Gobernador del Estado donde ese ciudadano resida o porque sucumba ante la presión igualmente indebida de los líderes opositores, no puede en ningún caso convalidar un acto al que se ha acudido producto de la coerción. Incluso, quienes desean abstenerse de participar por no querer “convalidar” un fraude, se han visto amenazados por la propia oposición, que también se encuentra presionada por las gravísimas circunstancias que vive la nación venezolana y en su desesperación., acuden también al expediente de la amenaza o descalificación. Ver:   https://twitter.com/PoleoRafael/status/917853933632196608?s=03

 

Aunque para los juristas esté claro el carácter fraudulento de esta pantomima electoral, puede que no lo esté tanto para una porción del pueblo de Venezuela, donde quedan incluidos algunos de los candidatos. Lo relevante es que, sea cual sea la posición que se asuma frente a esta convocatoria, no puede de ninguna manera pensarse que el acudir a votar en las venideras elecciones del 15 de octubre es una convalidación de lo que en Derecho es ABSOLUTAMENTE NULO.

 

Las presiones ejercidas por los miembros de la ANC contra líderes opositores han sido reseñadas ampliamente en la prensa y han llegado a los golpes físicos a algunos de ellos, pasando por retenciones ilegales de otros. Ver: https://konzapata.com/2017/09/ventajismo-amenazas-y-persecucion-contra-los-candidatos-opositores/

 

Tanto los electores venezolanos, como los candidatos opositores, están impedidos de ejercer sus derechos políticos en condiciones de plena libertad. Por eso, se ha violado el derecho humano a unas elecciones libres de coacción, contemplado tanto en la Constitución de la República vigente, en su artículo 63, como en Tratados Internacionales vigentes en el país, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 21, numeral 3;  la Convención  Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de noviembre de 1969,  en su Artículo 23.1 (b)   y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus Artículos 1,3, 5 y 25(b), cuya observancia es obligatoria para los signatarios de La Carta de las Naciones Unidas, de la cual la República Bolivariana de Venezuela es suscriptora.

 

Por lo expuesto, las venideras elecciones del 15 de octubre son también ABSOLUTAMENTE NULAS por estar siendo celebradas en medio de un clima de extrema violencia y coerción.  Y así solicitamos que sean declarado.

 

  1. La inconstitucional exigencia a candidatos a Gobernadores a presentar “Carta de Buena Conducta”:

 

La llamada “Asamblea Nacional Constituyente”, sin ninguna clase de fundamento jurídico, solicitó a los candidatos a Gobernadores que recibieran de ese ente una “Carta de Buena Conducta”. Eso se hizo con el deliberado propósito de forzarlos a someterse a dicho órgano de facto, con lo cual ellos mismos pierden toda legitimidad, incluso en caso de ser electos. Diosdado Cabello, miembro de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, impuso a los candidatos a Gobernadores contar con una “carta constancia de buena conducta”, a ser expedida por los constituyentistas y les advirtió que debían ir leyendo todos los reglamentos que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó “para que sepan cuáles son las reglas del juego democrático”. Está clarísimo que lo que pretenden esos constituyentistas es coartar la autonomía de los Gobiernos estadales, con lo que están desconociendo el derecho a la participación política libre, tanto de los electores como de los candidatos. Por ello, los miembros de la llamada “Asamblea Constituyente” están violando derechos garantizados por la Constitución y por Tratados Internacionales sobre Derechos Políticos. Más aún cuando en el Decreto donde quedaron publicadas las Bases Comiciales para la integración de ese ente fraudulento, se señala claramente que su fin es la “construcción del socialismo”. Dicho Decreto reza textualmente:

 

“(…) con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Nación venezolana (…)” Resaltado nuestro.

Es obvio que cualquier candidato a Gobernador que acuda a elecciones convocadas bajo la tutela de esa Asamblea Constituyente, queda anticipadamente constreñido a compartir la ideología socialista y si su tendencia política es diferente, no podrá ejercerla libremente, pues va a ser revocado por aquellos que ya lo han amenazadoy cuentan para ello con el auxilio de todos los cuerpos de fuerza pública. De hecho, esta aviesa intención ya fue puesta al descubierto por la integrante de esa Asamblea Constituyente, IRIS VARELA, quien textualmente declaró ante las cámaras de televisión, refiriéndose a los candidatos opositores:

 

“(…) En los cargos de elección popular ustedes no tienen cabida. Ustedes lo único que pueden aspirar de este pueblo, es enfrentar las consecuencias de sus actos, e ir a una cárcel a purgar las condenas justas que después de un juicio donde se demuestre y se compruebe su culpabilidad en esas acciones (lo que ella da por hecho), han de pagar. Porque el pueblo aspira justicia (…). Donde hay poder constituyente, el poder constituido se tiene que alinear. Y les voy a decir algo. El Poder Constituido incluso de los que van a ser electos el próximo 15 de octubre. Aquí que nadie crea, ah que porque yo salga electo en las elecciones del 15 de octubre, voy a desconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Porque el que esté creyendo eso, bueno, primero, está viviendo de ilusiones. Y como decimos en el argot popular, el que vive de ilusiones, muere de desengaños.  El que esté creyendo que por resultar electo el 15 de octubre va a venir a desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, está equivocado. Y lo que le espera, por desacatar el poder originario del pueblo, es una cárcel. Es una destitución (…)”. Ver:  https://www.youtube.com/watch?v=YpwqusjkYUw. Resaltados nuestros.

Por lo expuesto, solicitamos a esa Sala Especial en sede ad hoc que declare que las elecciones celebradas bajo coerción, no son elecciones auténticas y por lo mismo,  declare NULAS las elecciones que se celebren el 15 de octubre de 2017, en Venezuela.

 

  1. La violación de la Constitución por cambios extemporáneos referidos al proceso electoral del venidero 15 de octubre de 2017:

Dispone el Artículo 298 de la Constitución vigente que la Ley que regula los procesos electorales no podrá ser modificada, EN FORMA ALGUNA, dentro del lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses anteriores a la misma. Dispone igualmente el Artículo 292 ejusdem que corresponde al Consejo Nacional Electoral el ejercicio del Poder Electoral y el Artículo 293 en su ordinal 5 ibídem. prevé que a este órgano a quien corresponde la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral; al admitir  como lo ha hecho la exigencia de la llamada Carta de buena Conducta, no solamente se sometió a la ANC, sino que ha modificado la Ley Electoral, dentro del lapso expresamente prohibido por la Constitución. Ocurrió igual  con la modificación de la fecha de celebración de las elecciones, pues habían sido fijadas originalmente, por ese CNE, para el mes de diciembre de 2017, pero la llamada Asamblea Nacional Constituyente decidió cambiar esa fecha para que sean celebradas el próximo 15 de octubre de 2017. De manera que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y el CNE, violaron el Artículo 298 de la Constitución. Así solicitamos sea declarado.

 

  1. Ausencia de imparcialidad en el ente rector del Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, por su subordinación a la ANC de facto:

Es un hecho comunicacional que las ciudadanas TIBISAY LUCENA, Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), SANDRA OBLITAS, TANIA DE AMELIO Y SOCORRO HERNANDEZ, acudieron a la sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente, en el Hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, a fin de participar en la sesión que celebró ese ente de facto (ANC), el día              , para reconocer al Poder y subordinarse a sus decisiones, tal y como lo demanda la normativa venezolana. Ver: http://www.elimpulso.com/noticias/cne-se-subordina-la-asamblea-constituyente-11ago.

 

En particular, la rectora principal del Poder Electoral, TIBISAY LUCENA, subió al podio del salón de sesiones y desde allí pidió que se reconozca a la “magna asamblea constituyente”. Ver: http://www.elimpulso.com/noticias/cne-se-subordina-la-asamblea-constituyente-11ago.

 

Pero según un Decreto reseñado en la prensa, también el Rector LUIS EMILIO RONDÓN se habría sometido a la voluntad y órdenes de la ANC, aunque hubiese manifestado con anterioridad a la conformación de ese ente, que no estaba de acuerdo con los comicios donde quedaron supuestamente “electos” los “constituyentistas”. Según se reportó en la prensa, en ese decreto de la ANC se dejó constancia de que el Rector RONDÓN no pudo asistir a la sesión de la ANC del viernes 11 de agosto, cuando fueron ratificadas las rectoras TIBISAY LUCENA, SOCORRO HERNÁNDEZ, SANDRA OBLITAS y TANIA D’ AMELIO en sus cargos, pero sí se presentó ante la Directiva de ese ente de facto, el sábado 12 de agosto de 2017, con lo cual esa Directiva asumió que dicho Rector se había igualmente subordinarse a la Constituyente y decidió que permanencia en el cargo. Ver: https://www.telesurtv.net/news/ANC-ratifica-a-Luis-Emilio-Rondon-como-rector-del-CNE-20170815-0054.html.

 

Con esa actitud absolutamente complaciente de parte de todos los integrantes de la Directiva del Consejo Nacional Electoral y habiéndose subordinado voluntariamente a la ANC de facto, el Poder Electoral venezolano, en su totalidad, dejó de reunir la condición esencial a su función constitucional, como lo es la de ser un ente sin parcialidad política.  En consecuencia, ese ente electoral está INDEFECTIBLAEMENTE INCAPACITADO para llevar a cabo cualquier proceso electoral en la República Bolivariana de Venezuela.  Así pedimos que sea declarado.

 

  1. Transferencia inconstitucional de la soberanía popular y ausencia de transparencia en los escrutinios, por el empleo del voto electrónico:

 

En los dos últimos comicios presidenciales venezolanos, el ahora ex Rector del Consejo Nacional Electoral (“CNE”), VICENTE DÍAZ y las Rectoras repitientes, SANDRA OBLITAS Y TIBISAY LUCENA, han venido insistiendo en declarar a la prensa que el voto en Venezuela es electrónico, razón por lo cual,  dicen ellos,  los comprobantes físicos o “papeleta” que emite cada máquina provista hasta para el proceso mediante el cual quedó fraudulentamente conformada la ANC de facto, por la empresa SMARTMATIC, no cuentan para el escrutinio.

 

De hecho, con motivo de la solicitud de HENRIQUE CAPRILES de que el CNE le mostrara al menos los cuadernos de votación, en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, SANDRA OBLITAS,  declaró:

 

“(…) El Consejo Nacional Electoral en aras de preservar la paz, la calma en el país, acordó el jueves ampliar la fase dos de la verificación ciudadana, esta auditoría no es un reconteo de votos ni tiene como objetivo la revisión de los resultados, los votos que son expresión soberana de los venezolanos y venezolanas, que se pronunciaron el domingo están en la máquina de votación (…)” Ver: http://impactocna.com/?p=98243

“(…) La posibilidad de cambiar los resultados es ninguna (…)”Ver: http://operaciontransparencia.wordpress.com/2013/04/21/oblitas-han-hecho-circular-falsas-expectativas-sobre-auditorias/comment-page-1/#comment-394

 

Por su parte, el ex  Rector VICENTE DÍAZ,  agregó que:

 

“(…) no se llevará a cabo un reconteo de votos, porque en Venezuela “el voto es electrónico” y afirmó que la auditoría “no supone una revisión exhaustiva de los cuadernos de votación (…)” Resaltados nuestros. Ver:http://www.lapatilla.com/site/2013/04/26/vicente-diaz-habla-desde-el-cne/

Y la Presidente del CNE, TIBISAY LUCENA, declaró casi en idénticos términos, cuando afirmó, en el acto de juramentación de NICOLAS  MADURO como Presidente, ante la Asamblea Nacional:

 

“(…) No se trata la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral de un reconteo de votos, el ‘conteo de votos’ como han llamado, es un escrutinio en Venezuela que es automatizadoLos votos, esa expresión soberana de los venezolanos que se expresaron el día domingo están en la máquina de votación, allí es donde están los votos” (…)” resaltado nuestro. Ver: http://www.noticierovenevision.net/politica/2013/abril/19/62012=tibisay-lucena-reitera-que-sistema-electoral-de-venezuela-es-robusto-y-transparente

Para las elecciones Presidenciales de 2006, hubo un posicionamiento similar, de pare del CNE, plasmado a través de la Resolución  No. 061011-0873, de fecha 11 de octubre de 2006, contentiva del “Instructivo sobre el Procedimiento de Auditoría del Sistema Automatizado de Votación y Escrutinio”,  que textualmente decía   “(…) bajo ningún concepto la auditoría se considerará escrutinio, ni forma parte de ese acto (…)”.  Tal cosa fue calificada de “exabrupto electoral” por la abogado ANA MERCEDES DÍAZ, Ex­directora de Partidos Políticos del CNE, quien presentó una denuncia formal contra tal exabrupto, mediante denuncia de fecha 3 de diciembre de 2006, en la cual dijo:

“(…) el VOTO FISICO no es un simple comprobante, como se ha pretendido hacerle creer a los venezolanos (…)”. En dos platos, no es verdad, como dice el CNE, que “lo que cuenta” es lo que queda en una máquina, es decir, lo electrónico, lo intangible.  Eso, aparte de ser una estupidez, contradice la Constitución de 1999 y  representa una clara violación a un derecho humano”. Resaltado nuestro.

 

En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (“CRBV”) dispone en su PREÁMBULO que ella se decreta “con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica (…) que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley ( …)”. Resaltado nuestro. Además, la misma Constitución señala en su artículo 5 que la soberanía popular, declarada intransferible, es la fuente de la cual deben emanar los titulares de los órganos del Poder Público del Estado:

 

“Artículo 5La soberaníareside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Resaltados nuestros.

 

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre,  adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (“ONU”),  en Resolución 217 A (III),  del 10 de diciembre de 1948 y suscrita por Venezuela, también establece que:

 

“Artículo 21º: (…) 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. Resaltados nuestros.

 

Asimismo, el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, establece:

 

“Artículo 25: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades (…)

(…) b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas ,realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. (…)”.Resaltado nuestro.

 

Además, el Artículo 294 de la CRBV dice expresamente que tanto el acto de votación, como los escrutinios, deben ser transparentes. 

 

Artículo 294: Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios” Resaltado nuestro.

 

Un circuito electrónico será cualquier cosa, menos transparente para los electores. De hecho, estos argumentos que para nosotros los venezolanos son de simple deducción lógica, partiendo de normas constitucionales como las citadas, fue lo que llevó a la Corte Suprema de Justicia de la República Federal de Alemania, prohibir el uso de máquinas para votar. A raíz de una demanda presentada por el físico ULRICH WIESNER, la Corte alemana basó su conclusión en dos argumentos: 1) No debe haber ningún elemento tecnológico que se interponga entre el elector y su voto y 2) El escrutinio o conteo de votos debe ser público y los conteos de votos hechos dentro de máquinas, no lo son. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Jt4LYYgtv5o.

 

Como se ve, para que el voto cumpla con su finalidad última, cual es ser instrumento eficaz que garantice el poder elegir y por lo tanto, materializar la soberanía popular, debe cumplir con varios requisitos. Entre ellos, debe ser libre y trasparente. Por eso, cuando en Venezuela se instituye el voto electrónico, en el año 2004, la compañía SMARTMATIC, compró las máquinas de votación a OLIVETTI y las revendió al CNE, requirió que las máquinas fuesen capaz de emitir una papeleta, como expresión física del voto y como máximo valor probatorio de cuál fue la voluntad del elector y por ende, de la soberanía popular. Pero esa empresa, a pesar de  conocía la interpretación aviesa que el CNE venezolano dio a la Ley de Procesos Electorales, siguió avalando las votaciones en Venezuela. Hasta que, inexplicablemente, decidió cantar un MEGA FRAUDE ELECTRONICO, aduciendo que el CNE había inventado al menos un millón de votos inexistentes. Ver: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551

 

Un sistema de votación que elimine toda eficacia probatoria de las papeletas físicas,  no solamente es un sistema que se burla del elector, sino que implicaría la transferencia de la soberanía popular a terceros: los técnicos que programan las máquinas o los miembros de un partido que dicen auditarlas o el Plan República que dice que las “cuida”, o la trasferencia de soberanía a esas mismas máquinas. Y eso, al menos en Venezuela, no es posible, ya que según hemos expuesto, la Constitución declara que la soberanía popular es intransferible y el acto de voto y de escrutinio, deben ser transparentes. Por lo tanto, solicitamos que sea declarado que INCONSTITUCIONAL el voto electrónico, pues viola constituye una transferencia de la soberanía del elector a terceros y elimina la transparencia del acto de escrutinio.

 

Dejamos así plasmadas las graves violaciones a Derechos Humanos y a normas Constitucionales que se producirían con la celebración de elecciones bajo la tutela de un ente de facto, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente y la imperiosa necesidad de que sean suspendidas esas elecciones, hasta tanto la Asamblea Nacional de Venezuela no nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral que sea imparcial y esta Sala Especial no anule el acto de constitución de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente.

 

III

DE LAS NOTIFICACIONES.

Fijamos como dirección para las notificaciones, la siguiente: 923 Gulfstream Weston Florida, 33327, c/o Ana Mercedes.   Asimismo, pueden establecer contacto con quienes suscribimos, a través de los correos Vigilanza.legal@gmail.com y anaguia@gmail.com.

Respuesta del TSJ en el Exilio

Respuesta Amparo TSJ exilio OEA

 

2.- ) Decisión que emitió el TSJ en el Exilio, sobre la solicitud de Amparo contra las vías de hecho de la Asamblea Nacional Constituyente referidas a las elecciones de Gobernadores de Octubre 2015″

3.-)  Recurso Contencioso Electoral que intentamos contra elecciones del 14 de abril de 2013

Recurso Contencioso Electoral 2013 PDF

4.-) Denegación  de Justicia por parte del TSJ ante dicho Recurso de Anulación de las Elecciones

Sentencia Denegación de Justicia por Sala Constitucional elecciones 14- A 2013

5.-) Abogados presentan evidencias sobre fraude del 7 de Octubre de 2012

Adriana Vigilanza junto con los abogados María Elena Arenas, Lissette Beherens y Gustavo Briceño presentaron evidencias sobre el fraude electoral ocurrido en las pasadas Elecciones de 2012 (Nuevo País, 7 de noviembre de 2012, página 5) Ver: https://issuu.com/pendulolatino/docs/071112

 

 

 

 

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