Por Venezuela

Por la Descentralización:

He realizado una serie de acciones jurídicas con el objetivo de garantizar que se solidifique el proceso de descentralización en Venezuela. Aquí enumero las más emblemáticas:

1. Recurso de Interpretación Constitucional, asistiendo al Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia:

(Ver más):   http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Marzo/285-040304-01-2306%20.htm

Este recurso, sentenciado el 04-03-2004,  logró la sujeción de empresas que prestan servicios a la industria petrolera, en el Lago de Maracaibo, al impuesto municipal sobre actividades económicas. Significó la recuperación de recursos mil millonarios para los Municipios, en especial de la Costa  Oriental del Lago de Maracaibo. El 99% de la doctrina jurídica patria consideraba que, en ese caso, el impuesto no debía ser pagado a los Municipios, en razón de que la empresas operaba en aguas y se asumía que las aguas daban una especie de “inmunidad tributaria”, basada en la atribución a la Nación del dominio público sobre las aguas, como está contemplado en el Artículo 304 de la Constitución.

El TSJ, en Sala Constitucional y con criterio vinculante,  nos dio la razón y dictaminó que el concepto de dominio público no incide en la potestad tributaria de los Municipios para crear y cobrar el impuesto sobre actividades económicas. También dictaminó que el hecho de que al nivel nacional de gobierno corresponda la competencia para el aprovechamiento, conservación y  fomento del uso de las aguas, no le restaba poder tributario a los Municipios sobre actividades económicas realizadas en aguas por empresas contratistas privadas.

Considero éste el recurso más emblemático en mi carrera profesional, pues  habla de mi  capacidad de análisis jurídico crítico y  profundo, sino también de mi vocación por la justicia y respeto a la Constitución, ya que interponer este recurso significó enfrentarme a grandes escritorios y profesionales muy reconocidos, dentro de la comunidad jurídica en la que me desempeñaba laboralmente, exponiéndome a un peligroso rechazo y descrédito. Afortunadamente, el tiempo supo lograr que  “las aguas encontraran su cauce” y logré mi objetivo, que era que se comprendiera que sí bien estaba convencida de la necesidad de discutir el problema de la tributación municipal, en general,  consideraba  que había que hacerlo  desde un ángulo mucho más global y, por qué no decirlo, científicamente más serio, sin apartarnos de la Constitución. En gran parte gracias a este análisis, fui incorporada al equipo de Profesores de la Universidad Metropolitana y al Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario.

Como dato curioso informo además que mis análisis se basaron en el Derecho comparado, pues logré identificar 2 casos similares, decididos uno por el Tribunal Constitucional español (caso Central Térmica vs. Ayuntamiento de Pasajes, año 1967) y otro por la Corte Suprema de Justicia de los EEUU (Gobierno Federal vs. Estados de Georgia, Alabama. Florida,  Texas y Mississippi, año 1960).

2. Recurso de Nulidad de la Ordenanza que creó la “Fundación Cuerpo  de Bomberos del Municipio Guacara del Estado Carabobo”

(Ver más) http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/270-160305-04-2563.htm

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/febrero/269-150207-04-2563.htm 

Con este Recurso logré, en una primera sentencia (15-03-2005), que se suspendieran los efectos de una Ordenanza municipal inconstitucional y, en una segunda sentencia, que decidió el  fondo, que el Tribunal Supremo de Justcia, en Sala Constitucional, reconociera y rechazara un viejo vicio presente en la tributación municipal venezolana, referido a un cobro que se hacía por un supuesto servicio de cuerpo de bomberos, a veces inexistente y en todo caso, calculado sobre lo que cada empresa debía pagar por el impuesto sobre actividades económicas, es decir, un caso de impuesto sobre impuesto, que violaba los principios de igualdad ante la tributación  y racionalidad de los tributos, entre otros. Sentenciado el 15-02-2007.

3. Recurso de Nulidad Parcial por Inconstitucionalidad (también parcial) del Artículo 84.7 de la Ley de Registro Público y del Notariado, publicada en Gaceta Oficial (sic) No. 5.833 de fecha 22 de diciembre de 2006, conjuntamente con Acción de Inconstitucionalidad por Omisión del Legislador, con fundamento en el Artículo 336, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

  (Ver más): http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/abril/698-290408-08-0248.htm

Deseo dejar constancia de que fui contratada por el Ministerio de Interior y de Justicia para suplir una gravísima falla que tuvo el Decreto Ley de Registro Público, que fue emitido en el año 2001, como parte de la primera Ley Habilitante del primer periodo de gobierno del Presidente Chávez. En ese Decreto se obvió un principio constitucional fundamental, a saber, el de la legalidad tributaria, contemplado en el Artículo 317 de la Constitución según el cual “no puede haber tributo sin ley que lo cree”. El Decreto pretendía que los montos a ser cobrados por servicios registrales fuesen establecidos por Decreto y no por ley, siendo que son, en su mayoría tasas y a veces, verdaderos impuestos, es decir, tributos que debían estar en la ley.-

Mi labor fue darle contenido tributario a la Ley de Registro Público y del Notariado. La acción fue titánica puesto que en el proceso, “descubrí” los gravísimos vicios que veníamos arrastrando en la materia, que nos llevaba a tener diferentes montos cobrados por idénticos servicios pero dependiendo de si el cobro provenía de un Registro Civil, Principal o Subalterno o de un Registro Mercantil o de una Notaría. Era el caso de las copias fotostáticas, por ejemplo.

En términos generales fui escuchada y la actual ley contiene las normas tributarias ideadas por mi, producto de ‘limpiar” y compaginar 3 leyes: Ley de Registro Publico, Ley de Arancel Judicial y Ley de Timbre Fiscal, todas ellas vigentes, con normas sobre impuestos y contradictorias.

Por el conocimiento del Derecho en Venezuela

Me he dedicado consecuentemente en transmitir en el salón de clases, en ponencias, artículos de opinión y en entrevistas en los medios de comunicación de trasmitir aspectos claves del ordenamiento legal de nuestro país, especialmente en lo que se refiere a Derecho Tributario, así como también en asuntos trascendentales como la Reforma Constitucional. Algunas de las presentaciones más significativas:

 
 
 
 
 

 Descentralización Fiscal (2003)
 
La nueva Geometría del Poder (2007)

 

En el año 2007, llevamos adelante, junto con un grupo importante de demócratas, la tarea de explicar minuciosamente lo que pretendía el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela con el Proyecto de Reforma Constitucional. 

Adjuntamos la presentación  que realicé en el programa Yo prometo de Nitu Pérez Osuna, y luego en Aló Ciudadano, en Globovisión (donde fui invitada 2 días seguidos, a petición del público que vio el Programa Yo Prometo),  acerca de este tema. Queda claro en esta síntesis que la propuesta perseguía toda la concentración del poder para el Presidente.

Ver presentación: http://ogil.es/blog/docs/Poder.ppt

EXXON MOBIL vs PDVSA (2007)
 
 
IVA Energético (2005)
 
Gravamen de los Municipios a la Agricultura, Cría, Actividad Forestal y Pesca (2005)
 
Transacciones Inmobiliarias (2004)
 
Generalidades de los Tributos en Venezuela (2004)
 
 

Por los Derechos Humanos

Caso Franklin Brito: violación insólita de los DDHH

Quisiéramos relatar brevemente uno de los casos más insólitos de abuso de poder y violación de derechos humanos, orquestado desde los poderes públicos, contra un ciudadano y su familia, humildes, pero valientes y honestos, situación que me ha motivado a formar parte del grupo de abogados que defiende a Franklin Brito.

Franklin Brito, biólogo de profesión y productor agrícola, investigó y dio con una solución o cura a una enfermedad que presentó el cultivo de ñame que hacían los campesinos en una reserva forestal ubicada en el Estado Bolívar, en Venezuela, a donde él y su familia se había trasladado desde Caracas, para explotar una tierras que había adquirido del propio Estado venezolano, por “título definitivo oneroso, en el año 1999. La lucha de Brito por lograr reestablecer el cultivo de ñame, pero en forma ecológica, empezó porque de ese cultivo vivía todo un pueblo, llamado “El Guarataro”, donde la familia Brito se instaló al llegar de Caracas.La enfermedad que atacó a la siembra de ñame había destrozado la economía del lugar, creando una grave crisis social. Franklin descubrió que existe un tipo de ñame, al parecer originario de Costa Rica, que no genera tal enfermedad. Emitió entonces su opinión al Alcalde del Municipio Sucre, donde se ubica la reserva forestal, alertándolo de la existencia que esa sería la especie que se tendría que sembrar en el lugar. Y completó su proyecto con una fórmula para que también se solucionara el problema de la tala de la reserva forestal, que estaban haciendo los productores de ñame, para cultivarlo. Pero el referido ex Alcalde del MVR también había mandado a hacer un Proyecto para solucionar la crisis social, proyecto que simplemente consistía en el uso de pesticidas y para el cual había conseguido ingentes recursos de parte de otro ente público (la Corporación Venezolana de Guayana, quien le había aprobado aproximadamente Bs. 1.000.000.000, históricos). A insistencia de Franklin, ambos proyectos compitieron entonces ante un ente oficial de investigaciones agrícolas, con sede en otro Estado de Venezuela, el Estado Barinas. Ese ente público dijo que el proyecto de Franklin era el que se tenía que implementar.  (Leer más)http://plomoparejorcr.blogspot.com/2010/01/resumen-caso-brito-enero-2010.html

Pseudo Expropiación: Edificio La Francia

Considero que  la  medida aplicada al edificio La Francia, decisión tomada recientemente por el Gobierno Nacional, es una “pseudo expropiación”, un procedimiento arbitrario que se encuentra fuera de la ley, y lesiona los derechos fundamentales de los propietarios.

Para que se pueda concretar una expropiación primero debe existir una declaratoria de utilidad pública por parte de la Asamblea Nacional. Además, la ley exige que primero debe haber un proceso en el que se establezca un justiprecio, lo que evidentemente no se hizo, ya que fue una orden directa del Presidente de la República dada el día anterior al desalojo. Esto fue una confiscación, más acorde con la Constitución de Cuba que con la de Venezuela.

Acompañando a Helena de Brito esposa del agraviado biólogo venezolano
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